Cuando salió el Decreto 826 vimos como una especie de luz ante esta situación de irregularidad, vulnerabilidad e insensibilidad ante tantos años de espera para regularizar a las personas venezolanas, dijo Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador. Sin embargo, el proceso que impulsó el Gobierno presentó “muchas fallas y errores”.

Lo principal –añadió– es que no se comprendió la situación de vulnerabilidad de muchas personas que no tuvieron acceso directo a la información ya que no hubo una socialización efectiva de este tipo de visa.

El Decreto Ejecutivo 826 fue emitido el 25 de julio del 2019 por el presidente Lenín Moreno, cuando la región atravesaba una intensa migración venezolana. La normativa pretendía regularizar la situación migratoria de las y los ciudadanos venezolanos en Ecuador, a través de la llamada VERHU (Visa de Residencia Temporal de Excepción por Razones Humanitarias). Este tipo de visa estaba dirigida tanto para las y los venezolanos en Ecuador como para quienes tenían como propósito ingresar al país.

El proceso terminó el 13 de agosto pasado, al año de cumplirse la entrada en vigencia del Decreto 826. Ese tiempo estuvo atravesado por la pandemia del COVID-19 y las medidas restrictivas de movilidad que se impusieron a lo largo de seis meses.

Este proceso de regularización exigía ciertos requisitos: pasaporte (con mínimo cinco años de caducidad para quienes ya viven en Ecuador), los antecedentes penales (legalizados y apostillados en Venezuela), partidas de nacimiento para las niñas, niños y adolescentes (legalizados y apostillados en Venezuela) y el pago de 50 dólares del formulario de solicitud.

Pero estos requisitos representaron un enorme desafío para una población que vive con urgencias económicas (muchos sin trabajo) y dependientes de un gobierno venezolano que presenta serios problemas para emitir los documentos que exige el gobierno ecuatoriano.

EL LARGO CAMINO A LA VISA VERHU

Kenia Gil, abogada en la ciudad de Manta (Manabí) por la Fundación Diálogo Diverso –que también opera en Quito y Guayaquil–, dijo que la VERHU ha sido un proceso muy sesgado donde como Estado ecuatoriano se les ha dicho a las y los venezolanos: aquí tienes una oportunidad, pero bajo estas reglas.

Por ejemplo, la abogada explicó que para sacar los documentos que se exigía en Ecuador, el sistema venezolano ofrece tres plataformas para tramitar los antecedentes penales, las partidas de nacimiento y la legalización de dichos documentos, previo a la apostilla. Cada uno de estas plataformas genera su propio usuario y clave.

Hubo personas que alguna vez gestionaron uno de los documentos a través de un tramitador, pero ya no recordaban ni el usuario ni clave ni el correo electrónico que se usó. Entonces, para recuperar ese acceso había personas que cobraban entre 100 a 300 dólares en Venezuela.

Los casos de estafa estaban a la orden del día, recordó la abogada: había personas que llegaban con sellos falsos en los documentos o que al ingresar a alguna de las plataformas no encontraban el documento que se tramitó.

Otro asunto era el pasaporte. Si bien el proceso del VERHU pedía un pasaporte con mínimo cinco años de caducidad, hubo personas que cruzaron la frontera solo con la tarjeta andina o quienes se enteraron de esta exigencia en el camino, es decir, estando en movilidad migratoria. Para una persona como esa –explica Gil– pagar 280 dólares por un pasaporte en Venezuela era complejo. “Es mucho dinero, incluso para un ecuatoriano que es vendedor ambulante, por ejemplo”.

O incluso, en el caso de que sí contaban con los 280 dólares, el pago se tenía que realizar con una tarjeta MasterCard del Banco del Pacífico. En ese sentido, Gil señala que, o se tenía que buscar a un ecuatoriano que preste la tarjeta o el migrante venezolano tenía que gestionar una. Pero, “¿quién va a tener una cuenta [del banco] si no está regular en el país?”

En otro escenario, si uno ya estaba en situación regular y disponía de dicho valor se presentaba otra dificultad: esperar mínimo tres meses para que te entreguen el pasaporte.

Regalado y Gil también identifican otra barrera: los antecedentes penales que se tenían que gestionar en Quito o en Guayaquil. Es decir, el migrante venezolano tenía que tramitar tanto el antecedente penal venezolano y el ecuatoriano. Si usted vive en Sucumbíos (frontera con Colombia y Perú) y le han pedido ese documento, entonces, tiene que movilizarse –en plena pandemia– hasta Quito, explica Regalado. E incurrir en los gastos agrega Gil: si estás en Manta te tienes que mover a Guayaquil (pasajes ida y vuelta), pagar el trámite y costearte los alimentos.

Pero Gil indica que ese documento no era un requisito oficial, un asunto que generaba “una inseguridad jurídica total”. La razón es sencilla: no a todos les pedían esos papeles. “Dependía mucho del asesor consular que te atendía, así de simple”.

¿AMNISTÍA MIGRATORIA?

En otras palabras, los requisitos eran imposibles de cumplir para la mayor parte de la población venezolana, dijo Giovanna Tipán, consultora en temas de movilidad humana y derechos humanos. Ella sostiene que el Gobierno de Ecuador intentó vender esto como una amnistía migratoria para hacer ver al país como caritativo e intentar lavarse las manos sobre el tema migratorio.

Sin embargo, terminado el proceso y viendo todas las debilidades que presentó, Tipán enfatiza: no puede llamarse amnistía migratoria cuando para una mayor parte de la población venezolana los requisitos fueron excluyentes.

Pero se viene otro problema apuntó la especialista: ¿qué va a hacer el Gobierno con las personas que se encuentran en situación irregular y no alcanzaron a regularizarse? Ella recuerda que desde el Viceministerio de Movilidad Humana de la Cancillería de Ecuador se ha dicho que las y los venezolanos pueden acogerse 34 opciones (en alusión a los tipos de visa que ofrece el país). Pero Tipán pone en duda esta afirmación porque si hubo personas que no pudieron acceder a la llamada VERHU (por los requisitos y el costo de 50 dólares) menos podrán reunir el dinero para cualquiera de las otras visas, cuyos montos superan los 250 dólares.

En efecto, Carlos Velasteguí, el viceministro de movilidad humana, dio esas declaraciones cuando participó en la XVIII Mesa Nacional de Movilidad Humana, el 31 de agosto. Ese fue el espacio para presentar el informe del proceso de regularización de ciudadanos venezolanos. El funcionario dijo, además, que la VERHU fue un proceso «inédito» y “exitoso” y señaló también las “limitaciones del régimen del Sr. Maduro para poder otorgar en forma y en tiempo los documentos de viaje apostillados [a las y los venezolanos]”.

En su exposición, apoyándose con varios cuadros estadísticos, Velasteguí dijo que desde el 17 de agosto del 2019 (cuando entró en vigencia el VERHU) hasta el 28 de agosto del 2020, se entregaron 40407 visas VERHU y 26926 referidas a otro tipo de visas. Se espera que, una vez terminada el proceso de revisión de las solicitudes VERHU pendientes, la cifra pueda llegar a 75 mil visas entregadas.

Pero para Regalado, Gil y Tipán la interrogante sigue abierta: ¿qué va a pasar con quiénes no lograron regularizarse? Gil saca números sobre lo que deben afrontar las y los venezolanos que en adelante quieran tener sus documentos al día. Si no alcanzaron a la VERHU tienen una multa de 800 dólares. Si se quiere optar, por ejemplo, por la visa Unasur (aún vigente pese a que Ecuador ya no forma parte de este organismo) debe cancelar 250 dólares. Hay que sumar a ese costo el valor del pasaporte si es que no lo tiene. En resumen, una persona venezolana tendría que invertir unos 1200 dólares para regularizarse en Ecuador.

Tipán va más allá y pone interrogantes al manejo de recursos de los organismos internacionales que trabajan con la población migrante venezolana. “Si la apuesta de los organismos internacionales es que la población [venezolana] se regularice la pregunta es por qué parte de los fondos que han recibido no se destinó en exclusiva para regularizar a la población”.

Con fines enteramente ilustrativos señaló: si asumiéramos que son 400 mil personas las que se tienen que regularizar en Ecuador y la solicitud para la VERHU costaba 50 dólares, cubrir todo eso daba 20 millones de dólares. Eso es la milésima parte de lo que han recibido, dijo.

Ojo al Dato tomó con contacto con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM en Ecuador) para saber cómo evalúa el proceso que impulsó el Gobierno (OIM y Acnur acompañaron todo el proceso) y tener detalles sobre el manejo de los recursos económicos recibidos para atender la migración venezolana. Para la entrevista, insistentemente, pidieron conocer las preguntas (no los temas). Al ser enviadas –hasta el cierre de edición– no dieron respuesta alguna.

Por lo pronto, Regalado dijo que como Asociación Civil Venezuela en Ecuador están levantando su propio informe sobre este proceso. Están a la espera de reunirse con la Cancillería y, una vez agotadas todas las instancias, tiene pensado apelar a la comunidad internacional para evidenciar esta situación.

Lo que pedimos es un período de regularización total, las personas necesitan una visa porque si en eso no pueden trabajar, recalcó.

FOTO: Notitemas

Carlos E. Flores