El joven que usaba una mascarilla roja bajó a toda prisa del edificio. Los tres amigos de Javier Viteri que se encontraban en el portal del inmueble se sorprendieron y vieron que se llevaba la mochila que uno de ellos dejó en el departamento de Javier.

Los tres se alarmaron y empezaron a perseguir al joven.

Trescientos metros más adelante, Hilmar Corozo, el joven de 19 años que usaba la mascarilla roja, se la retira por la asfixia. Royman Tene, amigo de Javier y dueño de la mochila, logra verle la cara y prosigue la persecución. Metros más adelante, el victimario suelta la mochila, mientras sigue corriendo.

Tene toma la mochila –que contenía zapatos, prendas y una laptop– y continúa persiguiéndolo.

En el camino, los tres amigos se encuentran con un guardia municipal motorizado. Al explicarles qué sucede, dos de ellos suben a la moto y procuran alcanzarlo, pero lo pierden de vista.

Los intentos por atraparlo duraron más de una hora. Cuando los jóvenes regresaron al departamento de Javier, la escena era de terror: el cuerpo de Javier Slater Viteri yacía ensangrentado por las decenas de puñaladas recibidas

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Los hechos relatados corresponden a Michael García, abogado de la familia Viteri. Él señala que el asesinato revela “saña”, es decir, una crueldad y violencia extrema que alguien comete contra otro. El hecho conmovió a Arenillas (El Oro), un cantón costero que limita con Perú y tiene en promedio 30 mil habitantes.

Entre las autoridades, el apoyo de amistades y familiares se pudo identificar al agresor. El acceso a las redes sociales confirmó el contacto entre Javier e Hilmar, donde este último cumplía su servicio militar en el Batallón de Infantería Motorizado (BIMOT), Constitución.

Cuando la policía llegó al cuartel y pidió el ingreso, García dijo que se encontraron prendas de vestir, manchas de sangre y el celular de Javier.

Hasta el momento el cuartel de las Fuerzas Armadas no ha dicho nada sobre los hechos cometidos por Corozo, ni siquiera con una nota de pesar explicó García. Pero, el abogado ha pedido al menos dos cosas a esta institución: que certifique y explique qué función desempeñaba en el cuartel el ahora acusado y que si se levantó algún informe interno sobre los hechos denunciados este debe ser remitido a la Fiscalía.

Corozo está en prisión preventiva, por orden de un juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Arenillas. Según García, el ahora acusado cuenta con tres abogados y se acoge al derecho de defensa que todo ciudadano y ciudadana tiene.

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Para Narel Pabón, de la Colectiva Creando Juntas en Machala, el hecho ocurrido en Arenillas es un crimen de odio. Ella se pregunta cómo alguien puede asesinar con 89 puñaladas a otra persona solo por robarle un celular. “Si esto no es odio, qué es. Que alguien me explique” sentencia y a la vez subraya que la homofobia en el país existe por más que se pretenda negar.

El planteamiento que realiza es compartido por diversos colectivos LGBTIQ en Ecuador. Incluso, instituciones como la Defensoría del Pueblo también manejan ese razonamiento. El 08 de junio pasado, a través de un pronunciamiento, la institución instó a las autoridades competentes para que consideren los hechos como un delito de odio.

El asesinato de Javier se suma a otras muertes violentas cometidas contra miembros de la comunidad LGBTIQ, en los últimos años. En el informe anual del 2019, la organización Silueta X informó que se perpetraron 11 asesinatos, sobre todo, contra las mujeres trans. Lo más preocupante, según los reportes del colectivo, es que desde el 2017 hasta el 2019, las amenazas de muerte disminuyen pero se elevan los índices de asesinatos. Es decir, ya no se amenaza sino que se comete y concreta una acción violenta que puede terminar en muerte.

Si bien el delito de odio está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), hasta la fecha no se conoce una sentencia judicial sobre un crimen de odio por condición de género.

Por esa razón, Zaida Rovira, vicedefensora del pueblo, sostiene que se debe sentar un precedente y que este hecho no puede quedar invisibilizado. “Para la luz pública este hubiera sido otro caso más de robo con muerte, cuando de fondo se quitó la vida a un ser humano por odio”.

Incluso explicó que, en lo que va de la pandemia, ya han ocurrido al menos tres muertes por condición de género: el de Estrellita (Cuenca), el de Carlos (Guayaquil) y el de Javier (Arenillas, El Oro). Rovira explica que se puede presumir que se trata de delitos de odio, pero es un juez quien debe tipificarlo. 

La imputación por el caso de Javier que sostiene la Fiscalía es de asesinato, de acuerdo al Art. 140 del COIP. García explica que es el Fiscal quien tiene la facultad de hacer las imputaciones tanto en la etapa preprocesal y procesal, de acuerdo al artículo 195 de la Constitución de Ecuador.

Pero no se descarta la posibilidad de que la propia Fiscalía pueda reformular los cargos con base en el Art. 177 del COIP (Actos de Odio), señala García. Si bien la defensa legal se enfoca en la figura de asesinato, “también he creído pertinente recabar información de que Javier Viteri pertenecía a los grupos LGBTI”. Cabe indicar que el COIP establece que si los actos de odio producen la muerte de la persona se aplicará una pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

De hecho, él informó que ya ingresó un documento de los grupos LGBTI de Arenillas (El Oro) que certifica a Javier Viteri como miembro de la comunidad.

En lo que va la investigación, los tres amigos ya han declarado. A ellos se suma el testimonio de un vecino del mismo edificio que reconoció a Corozo cuando salió del lugar. El abogado también cuenta con las declaraciones de dos conscriptos del propio cuartel, donde uno de ellos relató que el acusado llegó cansado y le dijo: «me robé un celular, pero no me alcanzaron».

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La vicedefensora del pueblo, Zaida Rovira, sostuvo también que “Javier presentaba una historia de maltrato, incluso familiar. En todo orden”. Ella dijo que la Defensoría del Pueblo tomó contacto con la familia y se pudo saber que él no fue aceptado por algunos miembros de la familia debido a su orientación sexual.

Incluso se supo por algunos medios de comunicación que Javier fue internado en algún centro para “curar” su homosexualidad. Rovira dijo que, sobre este asunto, hay una parte de la familia que lo afirma y otra la desmiente. “Tratamos de ubicar a la supuesta clínica, pero parece que ha dejado de funcionar” añadió.

Sobre este asunto, ningún familiar se ha pronunciado aunque sí han dejado saber su pedido de que se haga justicia por la muerte de Javier.

Los centros que ofrecen “curar la homosexualidad” tienen una larga historia en el país. Hasta donde se conoce, existen solo seis casos judicializados y solo uno de ellos tiene una sentencia por rapto, cuyo castigo consistió en diez días de prisión correccional y el pago de una multa de seis dólares.

La existencia de estos centros que ofrecen «terapias de reconversión» son minimizados y ridiculizados entre la sociedad. Hace unas semanas se generó un debate en redes sociales sobre los personajes «La Michi y La Melo«, que parodian a dos homosexuales que fueron encerrados en una clínica de deshomosexualización. A raíz de eso, ambos deciden formar un movimiento para defender sus derechos.

Inclusive, activistas provida como Miguel León promueven terapias para atender el «síndrome de atracción de personas por el mismo sexo» (AMS).

Las investigaciones por los hechos en Arenillas comenzaron el 04 de junio, aunque el asesinato se cometió la noche del 27 de mayo. Esto ocurrió porque, en ese entonces, aún estaba en vigencia la medida dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, que suspendió los plazos previstos en la ley para los procesos judiciales el 17 de marzo, cuando iniciaba el estado de excepción debido a la emergencia sanitaria por la pandemia.

La medida de la Corte Nacional se suspendió el 04 de junio y corrió el plazo judicial de 30 días de instrucción fiscal, que se vencerá el 04 de julio próximo. El abogado defensor aún no presenta la acusación particular porque está a la espera de que se realice la reconstrucción de los hechos, que será la noche de este sábado 27 de junio.

Antes del 04 de julio también debería presentarse la reformulación de cargos por parte de la Fiscalía, si así lo decidiera. En caso de que se realice, se abrirán 30 días más para las investigaciones respectivas.

Crédito: con el apoyo de Amandla Medio

Foto: Javier Viteri (FB)

Carlos E. Flores