Casas de salud que fueron destinadas para combatir la pandemia podrían afrontar “agravantes” por no transparentar las compras públicas realizadas durante la emergencia sanitaria.

Gisella A. Rojas y Carlos E. Flores

Aquella cirugía a la corrupción que el mandatario Lenín Moreno prometía en 2017 continúa siendo una deuda pendiente.

En las últimas semanas han surgido denuncias de posibles casos de corrupción en las compras públicas que realizan los hospitales “centinelas” –como han sido nombrados– para atender a las personas contagiadas por COVID-19. El hecho, nuevamente, generó interrogantes sobre las acciones efectivas del Gobierno para la prometida cirugía mayor.

A eso sumar que el pasado 20 de mayo y en cadena nacional, Moreno anunció el cierre de la Secretaría Anticorrupción. La decisión vino luego de que la Fiscalía, la Contraloría, la Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura reclamaran por la interferencia de dicha institución en las investigaciones penales.  

En el marco de la emergencia sanitaria que se vive, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) emitió la Resolución 104. La medida busca regular las compras públicas bajo contextos de emergencia. La decisión llegó tres días después de que el presidente declaró el estado de excepción el 16 de marzo pasado para contener la pandemia.

Pero ni se logró detener el avance del virus, ni tampoco el viejo mal de la corrupción.

Esto a pesar de que la Resolución 104 establece que las entidades contratantes, por ejemplo, tienen que publicar: la resolución institucional por emergencia sanitaria y los informes parciales (cada 10 días) sobre las contrataciones realizadas.

Silvana Vallejo, directora nacional del Sercop, explica que si las entidades contratantes no publican los informes parciales no solo hay una desobediencia a las normas, sino también “un agravante al proceso de investigación”. La funcionaria explica que Sercop advierte a la entidad que debe subir la documentación y los plazos que tiene. Pero, si la situación persiste se convierte en agravante.

Por esa razón, Ojo al Dato revisó la situación de los 38 hospitales “centinelas” entre el 12 de marzo (declaratoria de la emergencia sanitaria) y el 08 de mayo último. Se trata de 24 hospitales que corresponden al Ministerio de Salud Pública y 14 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS.

De ese universo, el 47,3% no ha publicado ningún informe relacionado a las compras realizadas durante la emergencia. Un ejemplo de ello es el Hospital Eugenio Espejo. El exgerente de esta institución, Pablo Izquierdo, denunció –mediante una carta pública– supuestos actos de corrupción al interior de esa casa de salud. Hasta la fecha, en el portal de compras públicas, sólo consta la resolución institucional de emergencia.

Adrián Castro, especialista en contrataciones públicas, explicó que hasta el 13 de mayo pasado “había casi 96 millones de dólares contratados para el régimen de emergencia, con 655 entidades gubernamentales”. Y, según el portal de datos abiertos de Sercop con corte al 24 de mayo, ya había 4183 contrataciones, no solo realizado por los hospitales. Ese total de compras ya representaba un monto de USD 126.104.321,16 dólares.

El volumen de contrataciones públicas no va de la mano con la emisión de informes parciales que deben subir las entidades contratantes, como los hospitales. Así, el 52,6% de los hospitales ha publicado al menos un informe y el 71% de estos ha subido al portal de compras públicas al menos 1 contrato y un 29% aún no ha hecho público ninguno.   

Otro elemento a tomar en cuenta se refiere a las responsabilidades. Tanto Vallejo como Castro coinciden que en el régimen de emergencia la responsabilidad recae en la máxima autoridad de la entidad contratante. Así lo señala el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Aunque Vallejo agrega que en este tipo de régimen los tiempos del proceso precontractual se acortan. “Esto hace que nosotros no tengamos mucho tiempo para la prevención, cosa que sí hacemos en un régimen común: [ahí] nosotros entramos y tenemos tiempo y suspendemos los procesos”. 

Pero Castro apunta algo más: que las alertas sobre cualquier irregularidad en los procesos de contratación pública pueden ser detectados por los propios departamentos internos de cada entidad contratante. Eso quiere decir que las áreas de auditoría interna son claves para identificar cualquier irregularidad o sospecha si fuera el caso. Aunque esto “no le quita atribución al Sercop para pedir información a las entidades y que cumplen con el plazo de 10 días para entregar lo solicitado”. 

A más de dos meses del período de emergencia sanitaria en el país, ¿será posible analizar todo el volumen de las contrataciones generadas? Castro cree que eso es imposible “porque no existe la capacidad logística y humana para ese fin”.

Vallejo por su parte discrepa. Ella sostiene que sí, todas serán revisadas, aunque eso “no quiere decir que todas estén mal». 

COMPRAS EN EMERGENCIA

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