La mamá de Juan tenía 90 años y un alzhéimer muy avanzado. El centro donde recibía los cuidados se infectó por coronavirus. Juan relata la tragedia que vivió. 

Eran las cinco de la mañana del 15 de abril cuando Juan Montaña escuchó sonar el teléfono. La persona que estaba al otro lado de la línea se comunicaba desde el centro geriátrico donde su mamá se encontraba. “Su madre está agonizando”, dijo esa voz nerviosa a Juan. Él no lo podía creer. Hizo un esfuerzo para articular los hechos. Él pensó ¿cómo era eso posible si el día anterior, el 14 de abril, su mamá se encontraba bien?

Eso le dijo el centro geriátrico “Casa Gratitud” (Tumbaco, Quito). El día 14 de abril llamaron a Juan muy emocionados para decirle que su mamá ya se había levantado de la cama, que estaba con ganas de comer e incluso hasta se había peleado con las enfermeras porque le pusieron una pijama que no le gustaba. “Es decir, que volvía a ser la persona de antes”, cuenta Juan. Ese día, en la casa de Juan, todos se emocionaron porque era un signo de que ella se estaba recuperando.

La alegría de ese día tenía un motivo justificado: en el geriátrico ya habían dos personas que estaban en cuidados intensivos en el Hospital de los Valles a causa del coronavirus. La mamá de Juan era la tercera persona contagiada por el virus. El día que ella se enfermó los síntomas eran preocupantes: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, presión en el pecho y falta de oxígeno. “Tenía todos los síntomas mi mamá” recuerda Juan.

Juan y María Inés, su mamá, son colombianos. Juan vive hace más de 10 años en Ecuador. Hace cinco años María Inés vino a al país para recibir los cuidados y asistencia de su hijo. El alzhéimer se agravó y tomaron la difícil decisión de llevarla a un centro. “Casa Gratitud” era el segundo lugar al que asistió María Inés y ya llevaba cerca de un año de cuidados.

Cuando Juan repasa los hechos, todo sucede de manera vertiginosa. Entre el 08 y 09 de abril, el centro avisa a los familiares que, pese a que se tomaron todas las precauciones para salvaguardar la salud de los internos, se detectó que un adulto mayor se contagió con coronavirus. El centro, entonces, tomó contacto con el MIES y el Ministerio de Salud. Juan cuenta que cuando llegaron los del Ministerio de Salud realizaron las pruebas solo a los adultos mayores, más no al personal del centro que son, en promedio, diez personas entre enfermeras, auxiliares, personal de cocina, entre otros.

Ese primer adulto mayor –el llamado paciente cero del centro– fue llevado al Hospital de los Valles. Días después otro adulto mayor presentó los síntomas.

La mamá de Juan no tardó en manifestarlos también.

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“Señor, qué hacemos” insistió la voz en el teléfono, ese 15 de abril a las 5 de la mañana. Juan pensó que una opción era llevarla al Hospital Carlos Andrade Marín donde ella tiene su historia clínica, ya que hace dos años se rompió el fémur en las dos piernas por una aguda osteoporosis. ¿Cuál es la situación real de mi mamá? Preguntó, Juan. Es muy grave, le respondieron. Entonces, Juan recordó el trámite que su mamá hizo cuando aún se encontraba bien de salud. Ella, en Colombia, tramitó ante notario una disposición para ejercer su derecho a morir dignamente. En otras palabras: que si la persona llega a ponerse muy enferma, esta deja por sentado que no le prolonguen artificialmente su vida.

Entonces, Juan indicó que su mamá se quede en el centro. Luego, tomó contacto con el Hospital del Adulto Mayor porque ahí hay un programa de cuidados paliativos donde pudo comprar morfina y una serie de medicamentos. Al llegar al centro le administraron morfina a su mamá. “Significa que ya no sentía nada, que estaba sedada y la sensación de ahogamiento que produce esta enfermedad no la iba a tener”, dijo.

Ese 15 de abril, cuando llegó al centro con la morfina, eran como las 10 de la mañana. A Juan le pidieron, además, que se necesitaba un respirador.

Él salió a buscarlo.

Y como al mediodía, mientras trataba de conseguirlo con urgencia, recibió otra llamada: “Señor, su mamá ha fallecido”.

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Tras el fallecimiento, Juan llamó al 911 para pedir que envíen a alguien para que levante el cadáver y hacer la respectiva acta de defunción, un documento que la funeraria requería para trasladar el cuerpo. El 911 responde que en una hora irá un médico con la policía.

Juan, posteriormente, fue al centro y se paró en el frente. No podía entrar porque todo estaba contaminado. Como a las tres de la tarde llegaron tres carros fúnebres de tres funerarias privadas distintas, el del IESS y unos 10 o 12 policías que llegaron en algunas patrullas. Pero el médico no llegaba.

Luego de varias insistencias telefónicas al 911, como a las seis de la tarde, le dicen a Juan que el médico del Ministerio está demasiado ocupado levantando cadáveres en Quito. Que tiene que esperar una hora más porque solo hay uno para esas tareas. Al pasar el tiempo, se insistió nuevamente y le dicen a Juan que ahora lo que no hay es un auto para movilizar al médico. Al llamar otra vez, –el cuerpo de su mamá seguía ahí en el centro–, el 911 le dijo que no saben qué más hacer porque ahora el Ministerio de Salud no les responde.

Ante la incertidumbre, Juan observa que los policías empiezan a inquietarse y escucha el reporte que realizan: estamos en un geriátrico donde hay una persona muerta por coronavirus, con gente adentro.

Ante esa situación, se planteó una salida: enviar un médico de criminalística de la policía. “No porque se trate de un delito ni nada, sino que el médico de criminalística nos haría el favor de recoger el cadáver” dijo Juan. Al aceptar la opción, inmediatamente recibe una llamada del 911: irá un médico residente del Centro de Salud de Yaruquí (que queda cerca de Tumbaco, Quito).

El médico de Yaruquí llegó como a las siete y media de la noche de ese 15 de abril. Él preguntó al personal del centro geriátrico de qué murió la señora, cuyo cuerpo se encontraba en una funda roja de cremallera.

Al médico le informan que hace como una semana habían tomado pruebas a los adultos mayores, pero no al personal. Le dicen, además, como a las dos de la tarde de ese 15 de abril, la Directora del geriátrico –quien se encuentra recluida porque también está enferma por el virus– recibió los resultados de los exámenes que hizo el Ministerio de Salud. El resultado era doloroso: de los 18 adultos mayores, 17 están contagiados por Covid, explica Juan.

Con esa información el médico escribió en el informe que las causas de muerte de María Inés son neumonía, bronquitis crónica y presunto Covid. Juan se extrañó y alarmó: “pero si hay un documento del propio Ministerio que certifica que las 17 personas están con Covid (incluida su madre)”. El médico le respondió: “No, así es la disposición. Así tenemos que rellenar esto, según nos han dispuesto”.

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La noche del 15 de abril, a Juan no se le entregó el acta de defunción. El médico de Yaruquí le dijo que, como no formaba parte del equipo de coronavirus, él debía llegar a su oficina, enviárselo al Ministerio de Salud y ellos le harían llegar el documento. Juan, entonces, tuvo que pedir a la funeraria para que, por favor, levanten el cuerpo de su mamá, mostrando solo la foto del informe del médico. A regañadientes, la funeraria trasladó el cuerpo a Monteolivo donde él ya había hecho todos los trámites para la cremación.

Al día siguiente, mientras estaba en el supermercado, recibió una llamada del 911, al mediodía: por favor, dígame la dirección del centro para que vaya la doctora asignada. Juan, muy molesto, explicó que solo esperaba el acta de defunción en físico. No importa –le respondieron desde el 911–, igual irá la funcionaria para poner todo en cuarentena.

El asunto no tenía cuando acabar. Tres horas después, Juan atendió otra llamada: somos de la funeraria, el cuerpo de su mamá sigue en la nevera, necesitamos el acta de defunción oficial para la cremación. Juan no terminaba de procesar todo el duelo y seguía envuelto en una maraña burocrática. Tuvo que pasar día y medio para que el médico de Yaruquí le entregue el acta de defunción.

Pero no era suficiente. Cuando Juan entregó el documento, la funeraria llamó nuevamente: no podemos cremar el cuerpo porque el acta no tiene firma.

Juan montó en cólera y publicó en Facebook. La reacción tuvo efectividad: le llamaron del municipio de Quito para saber en qué le pueden ayudar. Él solo pidió lo puntual: ¡Quiero una firma! El funcionario municipal logró concretar el pedido y con eso Monteolivo pudo cremar el cuerpo.

La siguiente llamada fue: señor Montaña, puede pasar a recoger las cenizas de su señora madre.

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Ha transcurrido casi una semana y Juan procesa el dolor y la indignación. Él dice que tras el escándalo en redes sociales y gracias a que el asunto llegó a oídos de algunos políticos (como la prefecta, Paola Pabón), el caso pudo llegar al COE Nacional. Al ocurrir eso, al personal del centro “Casa Gratitud” se le pudo hacer la prueba del Covid… trece días después de las muestras que tomaron a todos los adultos mayores.

Pero, ¿cómo se contagió el “paciente cero”? Juan afirma que hay solo rumores, nada oficial. Este paciente tenía un servicio de atención exclusiva (un servicio premium, por decirlo así) y tenía asignado una persona para su cuidado. Al parecer esta enfermera, como muchas otras en el país que hacen turnos, había cuidado a alguien en UCI (cuidados intensivos) en un hospital.

Esa persona era asintomática y era la única persona que salió del lugar. El resto no salía del centro. Y esa persona asintomática es la que justamente daba atención al primer adulto mayor que se contagió.

Pero es una explicación especulativa –dice Juan– ya que no hay nada oficial.

Juan también piensa que si se toma en cuenta el comportamiento del virus en Italia, donde buena parte de las muertes ocurrieron en centros geriátricos, “es muy difícil pensar que este sea el único centro de Quito al que se le haya pasado”. ¿Tendrán los centros del MIES ese problema? Insiste.

“Yo creo que a las enfermeras que trabajan en centros geriátricos no se les debería permitir trabajar en hospitales. O viceversa, las personas que trabajan en hospitales no deberían laborar en centros geriátricos, por este contexto que vivimos”, explica.

Y eso –concluye– debería ser una disposición general para aplicarse en el país.

FOTO: Freepik

Carlos E. Flores